PREOCUPACIÓN POR COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN

   

CAMBIOS AL ETIQUETADO FRONTAL GENERAN

Desde el Observatorio Nacional de la MiPyme manifestamos nuestra inquietud frente al

proyecto de modificación de las disposiciones de etiquetado nutricional y del sistema

frontal de advertencia en Colombia, mediante el cual se actualizan las Resoluciones 810

de 2021, 2492 de 2022 y 254 de 2023.

Reconocemos la importancia de fortalecer las políticas públicas orientadas a mejorar la

información al consumidor, promover hábitos de vida saludables y contribuir a la

prevención de enfermedades no transmisibles. Sin embargo, cualquier ajuste normativo

debe incorporar la capacidad real de adaptación del aparato productivo nacional.

La propuesta impacta cerca de 51.200 empresas en el país, de las cuales el 98,5% son

micro, pequeñas y medianas unidades productivas. Este segmento constituye la base del

tejido empresarial y una fuente esencial de empleo en Colombia. Las implicaciones se

concentran en costos de rediseño de empaques, reimpresión de materiales, ajustes

técnicos en producción, gestión de inventarios existentes y adecuaciones logísticas.

Acciones que, requieren recursos financieros, tiempos de implementación y

acompañamiento técnico.

Estas medidas se plantean en un entorno empresarial que continúa enfrentando retos

recientes como la desaceleración de la demanda, aumento en los costos de operación,

dificultades de acceso a financiamiento, presión tributaria y persistentes problemas de

inseguridad que afectan la actividad productiva. Este contexto limita la capacidad de

adaptación e inversión de muchas empresas, especialmente de micro, pequeñas y

medianas.

Los cambios regulatorios frecuentes en periodos cortos generan incertidumbre y

dificultan la planeación empresarial, especialmente en organizaciones con márgenes

reducidos y capacidades administrativas limitadas. La ausencia de periodos de transición

suficientes afecta la continuidad operativa y las decisiones de inversión, además de

trasladar mayores costos al consumidor final.

Colombia necesita políticas que protejan al consumidor y promuevan la salud pública,

junto con decisiones regulatorias que reconozcan la realidad operativa y sostenibilidad

de las empresas y establezcan transiciones adecuadas.

En ese sentido, proponemos al Ministerio de Salud y Protección Social:

• Realizar un análisis de impacto regulatorio previo a la adopción de nuevos

cambios.

• Establecer periodos de transición suficientes y técnicamente viables.

• Diseñar medidas diferenciales para micro, pequeñas y medianas empresas.

• Brindar acompañamiento técnico claro para facilitar el cumplimiento.